El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al del Departamento del Guainía para que formulen planes de contingencia, de cara a un posible retorno masivo de población en alta condición de vulnerabilidad, como resultado de una aparente confrontación en el Parque Nacional Yapacana (Venezuela) por operativos contra la minería ilegal en esa zona.

Desde el 13 de agosto, 68 personas, algunas de ellas heridas, han ingresado al territorio de Guainía, informó.

Recordó que hace varios meses advirtieron sobre los riesgos que corre la población civil en medio de los operativos de las fuerzas del orden del vecino país en el sector del Cacique, estado Amazonas del vecino país.

Camargo se refirió a una aparente confrontación entre militares venezolanos y civiles dedicados a la extracción ilícita de oro en esa zona, lo cual dejó como resultado preliminar dos personas fallecidas y otras seis heridas de origen colombiano y venezolano.

Después de ese incidente, la Defensoría del Pueblo hizo presencia en dos puntos de caracterización instalados por la administración municipal, en el que son verificadas las condiciones de las personas que ingresan al casco urbano de la capital del Guainía, con el fin de garantizar la protección de sus derechos. 

Destacó además que un equipo de funcionarios de la Regional Guainía y de la Delegada para la Movilidad Humana ha brindado todo el acompañamiento a la población, aseguró el Defensor del Pueblo:

Nuestro fin –añadió- es garantizarles la atención médica a quienes se han trasladado hacia Inírida, debido a la cercanía de la ciudad con el lugar de los hechos. Para ello, han iniciado trámites de solicitud de refugio, así como del permiso de ingreso y permanencia de los ciudadanos venezolanos y sus acompañantes.

La información recopilada por el equipo de la Defensoría en el territorio revela que el número de heridos y fallecidos en medio del denominado operativo ‘Autana’, a cargo del Ejército de Venezuela, podría aumentar, añadió.

El defensor Camargo le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores informar el número de connacionales afectados por estos hechos, e incluir en la agenda binacional el abordaje integral sobre lo que está sucediendo. 

Por estos operativos militares del Ejército de Venezuela, que comenzaron a finales del 2022,  la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 003 del 2023, a través de la cual fue advertido el riesgo para la población que directa o indirectamente participa en las explotaciones mineras de oro ilegales en zona limítrofe. 

 “Esta zona fronteriza, con una dinámica variada de problemáticas, no puede pasar inadvertida por las autoridades competentes colombianas”, advirtió.